Recientemente hemos conocido que la tasa de morosidad de febrero de 2013 tiene una especial relación con el trasvase de créditos problemáticos a la Sareb desde las entidades que han recibido ayudas públicas.

Y es que este trasvase ha provocado que desaparezcan de las estadísticas del Banco de España cerca de 74.000 millones de euros, y que concretamente en el mes de febrero de este mismo año cerró su segunda fase de traspaso (con los activos de Caja3, CEISS, Liberbank y BMN).

Debemos tener en cuenta precisamente que el cambio estadístico no se corresponde en realidad con ninguna disminución en el flujo de crédito a las empresas y familias, sino que el cambio se debe al traspaso de activos a la Sareb: los créditos dudosos han bajado así en 8.800 millones, hasta los 161.871 millones.

Con este recorte, los morosos están en 29.7000 millones por debajo del récord histórico que se registró en noviembre de 2012, cuando llegó a superar la increíble cifra de 190.000 millones de euros.

Este descenso tuvo lugar incluso pese a que la inmobiliaria Reyal Urbis entró en concurso, declarándose en suspensión de pagos en febrero con una deuda de 4.400 millones, de los cuales unos 3.000 millones de euros se corresponden con créditos pendientes de devolver al sector financiero (entre ellos bancos extranjeros y fondos buitre).

No obstante, se debe tener en cuenta que la morosidad a promotoras apenas se ha movido tras el rescate del sector financiero y la puesta en marcha de la Sareb.

Vía | El País

Precisamente en el día de ayer conocíamos que el Gobierno no quiere dar los datos del alquiler de la sede del Sareb, después de que el diputado catalán Joan Coscubiela preguntara en enero por las informaciones que indican que la Sareb estaría pagando 58.000 euros de alquiler por el local donde se encuentra su sede, situada en el Paseo de la Castellana de Madrid.

En respuesta del Ejecutivo, dado que la participación pública en el capital de la Sareb es inferior al 50%, el Ejecutivo no está obligado ni puede dar tales informaciones, ya que la institución fue constituida como una entidad jurídico-privada, sujeta como indicábamos anteriormente a la Ley de Sociedades de Capital. Mientras que indicaban que existen cauces permitidos para obtener informaciones relacionadas directamente con el ‘banco malo’.

Parece que entre estos cauces nos encontramos con el informe semestral que la Comisión de Seguimiento de la Sareb remite a las Cortes Generales con datos sobre la evolución de sus actividades y su situación económico-financiera, a la vez que el presidente del FROB debe comparecer cada 3 meses en sede parlamentaria para informar sobre la situación del FROB.

Además, la Comisión Rectora del Fondo debe elevar a los ministros de Hacienda y Economía un informe trimestral sobre la gestión y actuación del FROB, de manera que sólo de esta forma los parlamentarios podrán obtener la información que les interesaría sobre el funcionamiento, situación y actuaciones del Sareb.

Vía | Europa Press

Que la Sareb –se supone- es una entidad privada y por tanto no se corresponde con una Administración Pública, de eso no habría lugar para las dudas (tal como te comentamos esta misma semana, cuando Eurostat ha indicado que la Sareb no afecta a la deuda pública), aunque aún hayan muchos expertos que lo duden realmente.

Precisamente con esta excusa el Gobierno se ha negado a dar datos sobre el alquiler de la sede donde se encuentra actualmente la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, aparentemente porque se trata de una entidad privada (más concretamente, al tratarse de una “entidad jurídico-privada sujeta a la Ley de Sociedades de Capital”).

Mientras que el diputado catalán Joan Coscubiela recordaba que existen causes reglamentarios para que los parlamentarios puedan requerir documentación sobre el ‘banco malo’.

La cuestión es que el pasado mes de enero Coscubiela se dirigió al Ejecutivo para saber si las informaciones sobre el alquiler de la sede del Sareb eran las correctas, las cuales hablan que la entidad paga 58.000 euros por un local situado en el Paseo de la Castellana de Madrid, pidiendo a su vez explicaciones sobre las presuntas ventajas de esta decisión, sobretodo para justificar este alto coste.

Según el Gobierno, dado que la participación pública en el capital de la Sareb es inferior al 50%, el Ejecutivo no está obligado ni puede dar tales informaciones, ya que la institución fue constituida como una entidad jurídico-privada, sujeta como indicábamos anteriormente a la Ley de Sociedades de Capital.

Vía | Europa Press

Eurostat (la oficina estadística de la Comisión Europea) ha avalado que la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), no afecte al cálculo de déficit y deuda públicos de España. Esto es debido a que la propia oficina no considera al ‘banco malo’ como una Administración Pública.

Se trata de una decisión que la propia Eurostat ha hecho pública a través de una carta remitida a las diferentes autoridades españolas, despejando por tanto las dudas que hasta estos momentos –y sobretodo desde la creación de la Sareb- existían sobre el efecto que esta entidad tendría o no sobre el cómputo de la deuda pública.

Tal y como vienen manteniendo las autoridades españolas desde su creación, la oficina estadística comparte la opinión de que la Sareb debería ser clasificada como una entidad financiera privada, y no como una entidad perteneciente al sector público estatal (es decir, sea una Administración Pública en sí misma, y considerada por tanto como tal).

Para llegar a esta opinión, Eurostat ha tenido en cuenta los fundamentos explicados por el INE (Instituto Nacional de Estadística), a la hora de defender por qué la Sareb cuenta con plena capacidad de decisión, y por ende autonomía propia.

También se ha tenido en cuenta que hasta un 55% del capital del ‘banco malo’ ha sido aportado en su gran mayoría por entidades privadas, mientras que el resto procede del FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria).

Vía | Europa Press

Aunque es cierto que este es un blog especializado en la Sareb, a nadie se le escapa que muchas de las entidades nacionalizadas ofrecieron, dieron y concedieron preferentes a muchos de sus clientes, siendo un buen ejemplo de ello entidades como Catalunya Bank o Novagalicia Banco.

Y es en esta ocasión hemos sabido que el BBVA calcula que deberá aportar un total de 300 millones de euros para el fondo de las preferentes, a la vez que no se beneficiará de las exenciones al no haber puesto capital para el ‘banco malo’.

El real decreto ley publicado hace algunos días, que pretende brindar una solución al problema de las preferentes, estableció una derrama extra del 3 x 1.000 de los depósitos, una cantidad que oscila entre los 1.500 y los 2.000 millones de euros.

Para ello, el BBVA estima que primeramente tendrá que aportar unos 120 millones de euros correspondientes concretamente al 40% que tendrá que dotar en los veinte primeros días de 2014, mientras que la cantidad restante –180 millones de euros- los tendrá que aportar en el plazo máximo de 7 años, que es el contemplado en el decreto. Esto es debido a que estas aportaciones se realiza en dos tramos: la primera del 40%, y la segunda del 60% restante.

No obstante, sobre el primer tramo parece que se podrán aplicar una serie de deducciones si hay una mayoría de dos tercios en la comisión gestora del FROB, previéndose una deducción de hasta un máximo del 30% de las cantidades invertidas por las entidades.

Vía | El País

Como supimos hace algunos días, el saldo de los préstamos a los otros sectores residentes (entre los que se encuentran las empresas españolas y las familias) cayó en 20.000 millones de euros, aunque el Banco de España ha atribuido esta caída a la transferencia de activos de las entidades que han necesitado ayudas pero no han sido nacionalizadas (que como de buen seguro sabrás a estas alturas, pertenecen al grupo 2).

Precisamente al igual que ya ocurriera en diciembre de 2012, los datos correspondientes a febrero de 2013 muestran una reducción en el saldo de los préstamos, que en definitiva no se corresponderían con ninguna reducción en el flujo del crédito tanto a empresas como a las familias españolas, sino que sólo reflejaría el efecto contable de las diferentes operaciones relacionadas de manera directa con la Sareb.

Como recordaremos, en el mes de febrero pasado las entidades de crédito que necesitaron ayudas pero no fueron nacionalizadas (concretamente, las pertenecientes al denominado como Grupo 2), transfirieron a la Sociedad de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria una serie de activos inmobiliarios y préstamos, de forma que como contrapartida recibieron a su vez diversos valores emitidos por la sociedad.

De ahí que el Banco de España considere que esta operación no ha tenido ningún efecto negativo sobre los flujos de financiación recibidos por las familias y empresas en España, que se publicarán mañana, día 2 de abril.

Eso sí, la propia institución sí ha indicado que estos movimientos sí tienen un impacto sobre los balances de las IFM (Instituciones Financieras y Monetarias).

Vía | Europa Press